Decía Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado que "La fuerza pública se fortalece a medida que los antagonismos de clase se exacerban dentro del Estado", lo decía hace casi dos siglos y parece que nada ha cambiado.
Vemos como día a día la clase trabajadora se va empobreciendo más y más mientras las grandes empresas se enriquecen sustancialmente. En este contexto, las y los trabajadores se movilizan y dicen basta, basta ya de recortes, de privatizaciones, de desahucios y de vulnerar sus derechos básicos. Es entonces cuando el Estado, al servicio del capital, decide impulsar leyes que aseguren la tasa de ganancia de las empresas y no permitan al pueblo protestar por su paupérrima situación. Con este fin surge la Ley de seguridad ciudadana, una ley que pretende criminalizar cualquier tipo de protesta social.
Cuando el gobierno ve como los tribunales no condenan manifestaciones, paralizaciones de desahucios o escraches se siente incómodo y decide crear leyes acordes con su ideología y que favorezcan a la clase para la que gobiernan, la clase dominante (no es de extrañar en la sociedad capitalista).
Las estratosféricas multas que propone esta ley son capaces de sumir a familias enteras en la más absoluta pobreza y condenarlas a la marginación social. Se contemplan las infracciones muy graves de 30.001 y 600.000 euros, las graves de 1.001 a 30.000 euros y las leves de 100 a 1.000 euros. Una cantidad de dinero que no corresponde con la realidad de crisis y paro que sufre España por las medidas neoliberales del Partido Popular que preside Mariano Rajoy.
El gobierno, consciente de que en España jamás ha habido tantas manifestaciones desde el final de la dictadura franquista pretende introducir el miedo y coaccionar la libertad de expresión de toda la sociedad de manera antidemocrática; estas amenazas en forma de ley pretenden que todos formemos parte de esa mayoría silenciosa de la que presume el PP y que el movimiento social cese de una vez por todas.
Comentario realizado en base a:
